DEL RECURSO DE CASACION PENAL

Del Recurso de Casación

 

 

ANTECEDENTES.

 

Los orígenes de este recurso judicial pueden encontrarse en los Estados italianos, que utilizaron este mecanismo para imponer sus estatutos locales por sobre el ius commune. El apogeo de este medio se dio en Francia, donde se utilizó como un mecanismo para uniformar el Derecho a partir de la ley territorial, llegando a ser característico de su ordenamiento jurídico.

La palabra “casar” proviene del latín casare, que significa abrogar o derogar. Por su parte, “casación” proviene del término francés cassation, derivado a su vez de casser, que se traduce como anular, romper o quebrantar.

CONCEPTO.-

El Recurso de Casación, es el recurso mediante el cual se procura el control jurídico de las instituciones de derecho sustantivo y adjetivo que concurren en la averiguación de un hecho punible, de forma tal, que mediante del examen de las causales previamente establecidas por la ley se postula la revisión de los yerros jurídicos aludidos a la sentencia impugnada, pretendiendo su anulación, ya sea por vicios de procedimiento, o por una deficiente calificación del derecho sustantivo declarado en la misma.

Según Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal”, la define de la siguiente manera: “Es una institución  establecida con el fin de garantizar la corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución, para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como también el mantenimiento del orden jurídico penal por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva” (Ediciones Depalma Buenos Aires, 1994, página 22).

Ricardo C. Núñez, expresa: “El de casación es un recurso extraordinario por que no implica la posibilidad del examen y resolución “ex novo” de la cuestión justiciable, en todos sus aspectos de hecho y de derecho, sino, únicamente, el examen y resoluciones por este de la aplicación de la ley procesal o sustantiva hecha, en el caso, por el Tribunal a quo

Este Recurso nació como un remedio democrático para asegurar la sujeción de los Jueces al Principio de Legalidad; el cual viene pues, a controlar el poder punitivo del Estado, definiendo su aplicación, dentro de limites que excluyen toda arbitrariedad  y  exceso  por  parte  de  quienes  ostentan  ese  poder  punitivo, de tal forma que la intervención estatal esté regida por el imperio de la ley. Cabe tener en consideración, además, los Principios pro homine y pro  libertates.  Ambos  pertenecen  al  sistema  de  interpretación  de  la  Constitución  y  tienen  particularidades especiales, porque están referidos a la interpretación de los Derechos Fundamentales. En virtud del primero, o sea, del principio pro homine, el derecho debe interpretarse y aplicarse de la manera que más favorezca al ser humano. En virtud del segundo,  principio pro libertates,  el derecho, debe interpretarse en forma extensiva a todo lo que favorezca la libertad y en forma restrictiva, a todo lo que la limite. Por ello el Juez Constitucional debe tener muy en cuenta ambos principios al momento de tomar sus decisiones.

 

 

ALCANCES DE FONDO Y FORMA

El alcance jurisdiccional de este Recurso no conlleva a una nueva apreciación de los elementos probatorios desde su conjunto, pues está impedido de revalorizar las pruebas o modificar los hechos por cuanto no ha participado en el debate, en sentido contrario sería inobservado el principio de inmediación contemplado en el Nuevo Ordenamiento Procesal Penal.

La casación no constituye una nueva instancia sobre los hechos, tal como lo es el recurso de apelación donde aquella Sala si está facultada legalmente para la practica de un reexamen,  ex novo de todo el material probatorio; por el contrario, al Supremo Tribunal le está impedido revalorar el material probatorio o modificar los hechos por cuanto no ha participado del debate y si se admitiera lo valioso de la inmediación se perdería, debe limitarse a examinar la corrección jurídica del fallo. No es una tercera o nueva instancia ya que en ningún momento debe considerarse a la Sala Penal del Supremo Tribunal como una instancia más donde se expresan los agravios sin enmarcarlos debidamente en los motivos que autorizan este Recurso, y es que a como menciona Alberto Binder, en su obra el Proceso Penal, que “el recurso de casación tiene un límite que ha sido, hasta ahora, infranqueable: ejerce, fundamentalmente, un control sobre la sentencia y sobre sus fundamentos ya que, por imperativo del principio de inmediación, no puede ir más allá”.

Fernando de la Rua en su obra La Casación Penal, establece que “la premisa conforme a la cual el tribunal de casación no puede descender al examen de los hechos, modificarlos, completarlos o desconocerlos, debiendo respetar los fijados por el tribunal de mérito, no impide la interpretación de la sentencia siempre que no se alteren los hechos, a fin de aplicar correctamente la ley sustantiva.” Sin embargo, el Principio de la Intangibilidad de los hechos no es una regla absoluta por lo “…que la Sala Penal si puede entrar a revalorar las pruebas y los hechos, esto cuando se trate de un grueso error evidente y llegue a provocar por ejemplo una sentencia absurda… (Sentencia 22 del 17/02/06 Considerando I).

Los hechos del Tribunal no sólo son reproducibles en casación sino que puede hacerse prueba sobre ese extremo” (Guillermo Sojo Picado, El Recurso de Casación Penal por Violación de la ley Sustantiva,  Investigación  Jurídicas,  Págs.  39  y 40); este último criterio actual de que el principio de intangibilidad no es un dogma, tiene acogida  en nuestra legislación  procesal  vigente, en el artículo  397 CPP en  su parte pertinente  se  establece  el  principio de  intangibilidad  de  los hechos cuando se expresa “…sobre la base de los hechos esencialmente fijados por la sentencia del  juez…”; Sin embargo  el mismo artículo 397 CPP en su parte pertinente establece la excepción al principio de intangibilidad de los hechos cuando se expresa “…No obstante, aún tratándose de una alegación sustantiva, podrá proceder conforme el artículo siguiente, cuando la sentencia no contenga una adecuada relación de hechos probados”.

CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD

Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal”, (págs. 175 y sigtes.) explica que la procedencia o improcedencia del recurso de casación, es decir si es admisible o no, deriva de un examen preliminar que ha de efectuarse sobre si es  posible o no desarrollar el procedimiento que el recurso determina, es decir que, la procedencia del recurso de casación  se  da  en  relación  con  el  conjunto  de  aquellos  requisitos  necesarios  para  que  el Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre lo que es objeto de la impugnación; esto quiere decir, que el recurso se concederá  siempre y cuando haya sido  interpuesto  en  la forma y términos prescritos por quien pude recurrir y lo más importante si la resolución impugnada da cabida o lugar al recurso, en consecuencia se debe comprobar si concurren los  siguientes  elementos:

a) Existencia de un derecho impugnaticio, esto es que la ley otorgue la posibilidad de recurrir de casación de una resolución   determinada (impugnabilidad objetiva), y que el sujeto esté legitimado para impugnar por tener interés jurídico en la impugnación y capacidad legal para interponerla con relación al gravamen que la resolución le ocasiona impugnabilidad subjetiva – Que concurran los requisitos formales de modo, lugar y tiempo para la interposición del recurso como acto procesal. El derecho impugnaticio, entonces, deviene en la concurrencia de las condiciones de  impugnabilidad  subjetiva  e  impugnabilidad  objetiva,  correspondiendo  a  la  primera  la legitimación que la ley concede a ciertas partes para ejercer determinados recursos (arto. 362 CPP) y,

b) Que se cumpla con los motivos sobre los cuales la ley concede la posibilidad de recurrir, con lo que se consagra el principio de taxatividad (arto. 361  CPP)  el  cual  se  erige  como  uno  de  sus  principales  soportes  al  establecer  que:  “Las decisiones  judiciales  serán  recurribles  sólo  por  los  medios  y  en  los  casos  expresamente establecidos.”

Concurriendo un tecnicismo legal para este Recurso Extraordinario, ya que “configura por ello carga del recurrente, en primer lugar, la prolija enunciación de los motivos en que basa  la impugnación, es decir, el señalamiento de los concretos y específicos vicios (de juicio o de actividad), que a su criterio afectan a la sentencia, siendo por lo tanto insuficiente  el recurso  que  se  refiere  a  tales  motivos  en  forma  genérica” (  Palacio, Lino Enrique: Los Recursos en el Proceso Penal. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Pág. 136). Fernando de la Rua, explica que es requisito fundamental  individualizar  el  agravio,  de modo  que  por  los  motivos  se  pueda  individualizar  también  la  violación  de  ley  que  lo constituye (La Casación Penal, Ediciones Desalma, Buenos Aires 1994, Pág. 226).

Al respecto señala la doctrina que el escrito que contiene el recurso de Casación “debe expresar separadamente, en capítulos, números o párrafos o en otra forma, cada uno de los motivos por los que se impugna la resolución… El incumplimiento de esta condición respecto de los motivos expuestos, basta para que el recurso sea inadmisible” (Nuñez, Ricardo: Código Procesal Penal, Córdoba, Marcos Lerner Editora Córdoba, Segunda Edición Actualizada, 1986, pág. 479).

Por consiguiente, el problema de cómo formular un recurso de casación, depende del contenido sustancial de tres elementos: 1) los requisitos, 2) los motivos (agravios, reclamos o reproches) del recurso, 3) el fundamento de cada motivo. Ahora bien, requisito  en sentido genérico, es todo aquello exigido por la ley para admitir la impugnación, por ejemplo, el recurso de casación será interpuesto por escrito ante la Sala Penal del Tribunal de Apelación que conoció y resolvió el recurso de apelación, en el plazo de diez días, a contar de su notificación (parte 1ª del Arto. 390 CPP), rara vez se comete error en cuanto a los requisitos, pero en lo que se falla es en la motivación del recurso, allí es donde está el quid del problema y es donde los abogados deben esforzarse para lograr la admisibilidad. La motivación se descompone o se estructura en dos partes, una los motivos y la otra la fundamentación; la suma de los agravios y la fundamentación es lo que se llama motivación  del  recurso.  Los  motivos son  las  normas  erróneamente  aplicadas  o  las  normas inobservadas, esto es lo que constituye el reproche.

Expresa Fernando de la Rua “Toda norma jurídica por el solo hecho de serlo, necesita que se explique su significado, precisando el sentido de  su  mandato  tanto  para  juzgar  como  para  actuar  tanto  para  examinar  como  se  ha  juzgado,  como  para examinar como se ha actuado. Se interpreta la ley sustantiva para aplicarla y decidir conforme al imperativo que se deduce   de su texto, la controversia   que constituye el objeto del proceso; se interpreta también la ley procesal para cumplirla y se le aplica cumpliéndola conforme al imperativo que contiene y para comprobar en virtud de ello si los otros obligados a cumplirla se han ajustado a su mandato en el desenvolvimiento de su actividad. (Fernando de la Rua La Casación Penal Ediciones de Palma Buenos Aires 1994. Pág. 33). De manera que la exigencia casacional de citar tanto normas violadas como normas aplicables al caso concreto permite en ambas situaciones revisar tanto la aplicación de la ley sustantiva como la procesal para poder así determinar los errores cometidos en la memorial procesal de primera y de segunda instancia.

La fundamentación  es  diferente  del  agravio,  porque  se  trata  de  la  interpretación  que  hace  el litigante para demostrar a la Sala Penal por qué  se aplicó mal una norma, y por que se debió aplicar otra; es decir, es el razonamiento para convencer a la Sala Penal de la Corte Suprema que el Juez o el Tribunal de Apelaciones dio eficacia a una norma jurídica cuando debió darla a otra. En otros términos, el motivo es la cita de ley, y, la fundamentación es la hermenéutica de esa ley. Los agravios son independientes, es decir el recurrente hace el reclamo que crea determinante para anular o revocar la sentencia, mientras la fundamentación es dependiente porque debe corresponder al motivo que se está alegando.

Así, el agravio tiene una sola oportunidad para ser alegado al momento de la interposición del recurso; la  fundamentación tiene doble oportunidad, en  la interposición  y  al  celebrarse  la  audiencia. Los  agravios  tienen  un  efecto  limitador  de  la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, recordemos que el Arto. 369 CPP dispone que  el  tribunal  de  alzada  queda  limitado  a  los  agravios  expresados  por  el  recurrente  en  su escrito. Estos limitan la competencia de la Sala de Casación excepto que ella descubra que hay  una  nulidad  declarable  de  oficio  en  cualquier  tiempo.  Mientras  no  se  descubra  esta nulidad,  la  Sala  de  Casación  está  limitada  por  cada  una  de  los  motivos  que  alegue  el recurrente. De aquí que el reproche, sobre la Sala de Casación, tiene un efecto limitador de competencia.   Hay que tener presente el principio de indisponibilidad de las normas procesales, que supone que el Juez Penal debe revisarlo todo de oficio, excepto cuando actúa como tribunal de alzada. La excepción del principio de indisponibilidad se da en los recursos.

En línea de principio, conviene destacar que el Recurso de Casación -como un acto procesal se encuentra integrado por dos elementos esenciales: 1) la expresión de la voluntad de impugnar, y 2) fundamentación de la impugnación. Uno y otro, deben confluir en el mismo acto y en el mismo momento, esto es, de un lado la expresión de esa voluntad en el tiempo, modo y lugar señalados, y de otro, la fundamentación conforme a las exigencias de la ley (v. Arto. 17, 363 y 390 CPP). Es un hecho inconcuso que la voluntad de recurrir además de estar específicamente vinculada al acto que se impugna, debe individualizar de manera suficiente el motivo, y esa motivación debe contener el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como al derecho que lo sustenta. No basta pues, con invocar la existencia de un agravio, sino que es preciso la demostración del agravio que sirve de fundamento en el caso concreto. De ahí, que resulta imprescindible que el casacionista señale específicamente su queja, citando concretamente las disposiciones legales que considere violadas o erróneamente aplicadas, expresando conjuntamente cuál es la aplicación que se pretende.

En palabras del Jurisconsulto Clariá Olmedo, Jorge, en su obra de Derecho Procesal Penal, “…el acto debe ser claro, preciso, técnico y específico, ordenadamente elaborado y suficientemente razonado para que no esté viciado de su estructura…”. Establecida  así la exigencia, fluye en puridad de términos que la mención especifica del artículo de ley respecto del cual se sostiene que se ha cometido un error de derecho, constituye un ineludible requisito para la admisibilidad de la casación, incluso cuando el recurso versa por la inobservancia de formas procesales.

 

FINALIDAD

 

Nuestro Recurso de Casación se encuentra instituido en determinados Principios y Garantías procesales y la doctrina  determina su finalidad como: “… una institución establecida con el fin de garantizar la corrección sustancial y la legalidad formal  del  Juicio  previo exigido por la constitución, para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como también el mantenimiento del orden  jurídico penal por una mas uniforme aplicación de la ley sustantiva”, (La Casación Penal, Fernando de la Rúa, Ediciones Depalma   Buenos   Aires, 1994, página 22.

CAUSALES DE CASACIÓN

 

Los  motivos  de  casación  en  nuestro  Código  Procesal  Penal  están  clasificados en:

a).- Motivos de forma (errores in procedendo) que se refiere a toda violación o inobservancia de las normas procesales. Las normas de derecho procesal constituyen reglas a las cuales las partes y el Juez deben subordinar su actividad y la   inobservancia de estas reglas es censurable en casación. Sin embargo no cualquier violación o desconocimiento de una  norma procesal consiente el recurso de casación por este motivo o causal. Debe tratarse, ante todo, de una norma que  establezca  una  forma  procesal  que  se  sancione  con  nulidad, inadmisibilidad o caducidad.-

b).- Motivos de fondo (errores in indicando), se  refieren a la  inobservancia  o  errónea aplicación de la Ley sustantiva que es la reguladora del fondo del asunto cuestionado. Al respecto Fernando de la Rúa nos dice que será norma sustantiva si es la regla conforme a la cual el juez debe resolver la cuestión propuesta por las partes para su juzgamiento.

MOTIVOS DE FORMA

1. Inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena de invalidez, inadmisibilidad o caducidad, si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento. No es necesario el reclamo previo de saneamiento cuando se trate de defectos absolutos o de los producidos después de clausurado el Juicio;

En esta causal existe una omisión expresa por parte del órgano jurisdiccional en cuanto a la falta de observancia del procedimiento establecido en el CPP(error de procedimiento). Lo esencial de esta causal es precisamente que señala la sanción que amerita tal inobservancia; las cuales son: a).- La Invalidez del acto; b).- La inadmisibilidad de la actuación, y; c).- Caducidad de la Instancia.

En todas ellas se debe tener presente lo preceptuado en el arto. 165 CPP., que prohíbe retrotraer el proceso a período ya precluido en perjuicio del reo. Sin embargo, el presupuesto procesal para la admisibilidad de esta causal es el reclamo previo de la parte agraviada según el arto. 162 C.P.P., Salvo que se trate de un defecto absoluto según el arto. 163 C.P.P., o que el defecto se haya producido luego de clausurado el Juicio.

2. Falta de producción de una prueba decisiva, oportunamente ofrecida por alguna de las partes;

La citada causal, presupone la existencia de una prueba que ponga en panorámica de una forma incuestionable los argumentos esenciales de la parte que la propone. Es es, una prueba decisiva.

Se entiende por prueba decisiva: “aquella que tiene peso suficiente para modificar  el  resultado  global  de  los  elementos  probatorios  utilizando  en  este  motivo  el método de la supresión hipotética”

Así lo sostiene el Tratadista Fernando de la Rúa, en su Obra La Casación Penal, página 141, diciendo: “La prueba omitida debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no afecta la motivación.” En otras palabras, si la sentencia no se apoya solamente en los elementos de juicio impugnados, sino que tiene sustento  lógico  y  fáctico  en  otras  circunstancias  que  son suficientes para fundamentarla legítimamente, resultará que el fallo tiene suficiente sustento, puesto que se funda en otros elementos que fueron debidamente introducidos al debate y fueron analizados correctamente de acuerdo a la sana  crítica  racional”.

Para apreciar si la prueba omitida es decisiva –señala Fernando de la Rua-, el tribunal de casación debe acudir al método de la inclusión mental hipotética: una prueba será decisiva si al incluirla mentalmente las conclusiones hubieran sido radicalmente distintas (La Casación Penal, Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1994, Pág. 145). Además debe decirse que el carácter de decisivo “debe tenerse por configurado cuando, incorporada la prueba mentalmente al razonamiento del tribunal, es posible  comprobar  si  la  conclusión  a  la  que  se  arribó  en  el  fallo  hubiese  sido  distinta” (Lino  Enrique  Palacio,  Los  Recursos  en  el  Proceso  Penal,  Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1998, Pág. 120.

En otras palabras la prueba decisiva no es cualquier prueba sino una fundamental. Es decisiva según José María  Tijerino  Pacheco  una  prueba  cuando  tiene  peso  suficiente  para  modificar  el resultado global de los elementos probatorios, para determinar si una prueba no producida tiene tal carácter, hay que hacer un ejercicio mental de adición hipotética de la prueba en cuestión al cuadro probatorio, si el  resultado  es  una  modificación  sustancial  de  éste,  la prueba  es  decisiva.

Este motivo es una manifestación del derecho de defensa cristalizado en la Constitución Política, el cual prevé  que  todo procesado tenga derecho a defenderse técnica y materialmente en todo proceso incoado en su contra, es decir es la garantía que éste tiene a su favor frente al sistema de justicia, de modo  que  puede  acceder  en  igualdad de condiciones al proceso, dicho de otra  forma, respetando el principio de igualdad de armas  que  “constituye  la  necesidad  de  que  las partes  cuenten  con  los  mismos  medios  de  ataque  y  defensa  e  idénticas  posibilidades  y cargas de alegación, prueba e impugnación” (Jaen Vallejo, Manuel: Los Principios de la Prueba  en  el  Proceso  Penal,  Universidad  Externado  de  Colombia,  2000,  Pág.  28)  de  lo antes expuesto se avizora con claridad meridiana que el motivo a que se hace referencia, persigue garantizarle al procesado el derecho a defenderse, por lo que el hecho de producir una prueba con carácter decisivo y no ser valorada por el Judicial, es motivo de censura, sin  embargo  este  motivo  requiere  que  el  vicio  se  haya  cometido  por  la  omisión  de  esa prueba.

3. Cuando se trate de sentencia en juicio sin jurado, falta de valoración de una prueba decisiva, oportunamente ofrecida por alguna de las partes;

Se entiende por valoración o apreciación de la prueba judicial; aquella operación mental que tiene por finalidad conocer  cual es el mérito o valor de convicción que se puede deducir del contenido de la prueba legalmente practicada.

Se  trata,  como  dice  el  Profesor  Hernando  Devis  Echandía  en  su  obra  Compendio  de  la Prueba Judicial, de una actividad exclusiva del juez; es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria. O dicho en otros términos, es la oportunidad para determinar si la  prueba,  cumple  o  no  el  fin  procesal  a  que  estaba  destinada,  cual  es  el  de  llevarle  la convicción al juez (Tomo I págs. 141).

Según lo prescrito por el Arto. 15 CPP, el sistema escogido por el Legislador para la apreciación de la prueba es el de la libertad probatoria o también denominado de la libre valoración; en el siguiente artículo, esto es, el 16 CPP señaló el  límite para la valoración de la prueba, afirmando que ésta solo tendrá valor si es obtenida por un  medio  lícito  e  incorporada  al  proceso  conforme  las disposiciones de este Código. Siguiendo al citado Profesor Devis Echandía, se descubre que  este  proceso de valoración  o  apreciación  no  es  simple  ni  uniforme,  sino, por el contrario, complejo y variable en  cada  caso.

Entre las fases y diversas operaciones sensoriales e intelectuales, hay tres aspectos básicos de la función valoratoria:

  1. Percepción.

Está  íntimamente  relacionada  con  el principio de inmediación establecido por el Arto. 282 CPP, sobre todo cuando el juicio se realiza sin la intervención de Jurado, en que el juez debe percibir los hechos  a  través de los medios de prueba, para luego proceder a hacerse la representación o reconstrucción histórica de los mismos,  no  en  forma  separada  sino  en conjunto como lo señala el Arto. 193 CPP, poniendo en todo caso el mayor cuidado a fin de que no queden lagunas u omisiones que trastruequen la realidad o la hagan cambiar de significado.

  1. Representación o reconstrucción.

Esta representación o reconstrucción puede hacerse respecto de algunos hechos por la vía directa de la percepción u observación, pero a otros se llega indirectamente, por vía de inducción o deducción, es decir infiriéndolos de otros hechos, porque solo los segundos y no los primeros hayan sido percibidos por el juez. Ahora bien, en la observación directa opera siempre una actividad analítica  o  razonadora, por muy elemental y rápida que sea, mediante  la  cual el juez obtiene las inferencias de los datos percibidos, es decir, la identificación de lo que el juez ve, oye, toca o huele.

  1. Razonamiento.

Viene como consecuencia de lo anterior, y como parte importante del proceso de valoración de la prueba, la fase intelectual o de razonamiento en la que la lógica ejerce una función fundamental, puesto que si no hay un proceso lógico, no puede haber tampoco valoración de la prueba, ya que de lo que se trata es de razonar sobre la prueba, por lo que la lógica es indispensable para un  correcto razonamiento, dado que esa actividad lógica, tiene la peculiaridad de basarse en las reglas de la experiencia (físicas, morales,  sociales, sicológicas, técnicas, científicas, y las corrientes  que  a  todos  enseña  la  vida), que  en conjunto forman las llamadas reglas de la sana crítica.

4. Si se trata de sentencia en juicio sin jurado, ausencia de la motivación o quebrantamiento en ella del criterio racional;

  • Ausencia de Motivación.

En  principio tenemos se debe señalar que la motivación es un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico; representa al conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los “CONSIDERANDO:s”  de  la  sentencia.  Motivar  es  fundamentar,  exponer  los  argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución, siendo requisitos en cuanto al contenido, que la  motivación  debe  ser  expresa,  clara,  legítima  y  lógica.  En  el  carácter  expreso  el  juez  no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión global a la prueba rendida. Se le exige al juzgador que consigne las razones que determinan la condena o la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él para arribar a la conclusión. En la sentencia, el  objeto  del  pensar  jurídico  debe  estar  claramente  determinado,  de  manera  que  produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean, aun los legos.

En el proceso penal contemporáneo la exigencia de motivación de las decisiones judiciales en especial la sentencia se establece como una garantía del acceso de los ciudadanos a un régimen de administración de justicia que provea de  manera oportuna y razonable los conflictos sometidos a su conocimiento, desde esta perspectiva debe de conceptuarse la motivación del fallo como un derecho fundamental pues es por su intermedio que puede prevenirse o corregirse la arbitrariedad en la toma de decisiones sumamente relevantes como lo son aquellas propias del proceso penal en el que  con facilidad se  pueden  comprometer  bienes esenciales  del  encausado  (libertad,  intimidad,  propiedad,  etc..)  o  bien  desproteger  una tutela oportuna  de  los  intereses  del  damnificado”  (José  Manuel  Arroyo  Gutiérrez, Alexander  Rodríguez  Campos,  Lógica  Jurídica  y  Motivación  de  la  sentencia  penal, Editorial Jurídica Continental, Pág. 32).

El vicio de falta de motivación es un error in procedendo porque implica la ausencia del criterio racional, que es un precepto procesal, la inobservancia de este precepto  procesal conlleva la nulidad de la sentencia cuando haya una  total falta de motivación; es decir, cuando cada una de las aseveraciones de la sentencia queden sin motivar; pero, también puede darse una falta de motivación parcial, una o más aseveraciones no fueron motivadas, en esta situación, la falta de motivación debe configurar un vicio o error grave, que al suprimirlo hipotéticamente el fallo quede sin sustento, pues una sentencia está compuesta por múltiples aseveraciones que algunas no son  decisivas; en consecuencia, el agravio sobre esta causal o motivo no consiste únicamente en expresar negativamente de manera general  la falta de motivación del fallo, sino en fundamentar cuales aseveraciones carecen de motivación.

La valoración razonable de la prueba obedece a la necesidad de que la prueba que sirva de fundamento a un fallo sea valorada atendiendo a las reglas de la lógica, el juez no puede valorar la prueba  en  forma  antojadiza  y arbitraria sino que debe atender a criterios objetivos que le permitan de una forma más confiable arribar a un juicio valedero.

Lo cual hace entender que lo que prohíbe la ley es que la Sala inferior no haya motivado su sentencia y no el hecho de realizar una defectuosa motivación en la misma. Al respecto, la doctrina nos advierte, que la motivación de la sentencia no supone o requiere que el tribunal explique por qué razón, teoría o enseñanza jurídica, aplica el precepto, norma o principio legal (Ob. Cit. Núñez Ricardo, pág. 393). Así también se ha indicado que “No es necesario que se formulen argumentaciones jurídicas especiales para explicar por qué se encuadra el hecho en una figura penal en lugar de otra, o para justificar el alcance o interpretación de un precepto determinado. Basta con que el Tribunal indique concretamente cuál es el encuadramiento o la interpretación a que él arriba, porque cumple con el deber de motivar señalando claramente su conclusión sobre la valoración jurídica del caso (De la Rúa, Fernando: El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino, Buenos Aires, Víctor P. de Zavalía-Editor, 1968, págs. 163 a 164).

La  falta  de  motivación  debe  ser siempre  de  tal  entidad  que  el  fallo  resulte  privado  de  razones  suficientes,  aptas  para justificar el dispositivo respecto de cada una de las cuestiones de la causa” (De la Rua, Fernando:  La Casación  Penal,  Ediciones  Depalma,  Buenos  Aires,  1994,  Pág.  113).

Un punto importante a señalar es que el defecto de claridad solo producirá la nulidad cuando por la oscuridad de los conceptos no se pueda inferir el pensamiento del juzgador; esta exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El juez o Tribunal están obligados a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales  que  determinan  el  fallo;  en  este  sentido,  cualquier  aspecto  de  la  indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y habrá falta de motivación cuando se omita la exposición de los motivos sobre un punto de la decisión.

La motivación, para ser completa, debe referirse al hecho y al derecho, valorando  las pruebas y suministrando  las  condiciones  a  que  arribe  el tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal, y sobre las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan. El juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, e históricamente ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirve en cada caso y expresando la valoración que haga de ellas, es decir, la apreciación sobre si lo conducen,  relativamente  al  supuesto  de  hecho  investigado,  a  una  conclusión  afirmativa  o negativa.

La necesidad de motivación impone al juez el deber de apreciar razonadamente las pruebas. No puede el  judicial  bajo  ninguna razón, reemplazar su análisis crítico por una remisión genérica a ” las constancias del proceso “, o a ” las pruebas de la causa “, o con un resumen meramente descriptivo de los elementos que lo conducen, ya que se estaría apartando de su función principal que es la de hacer su análisis y valoración critica de los elementos de pruebas con los que sustentará su fallo. Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, están en cambio sujetas al control del  proceso  lógico seguido por el juez en su razonamiento. El tribunal  de  casación realiza bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando si en su fundamentación se han observado las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. (Las reglas de la experiencia son las que conoce el hombre  común,  el  límite  de  las  reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados; las reglas de la Psicología referidas no a las normas elaboradas por la ciencia de la Psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del juez o tribunal en caso de que un testigo se ponga nervioso, más de lo normal, al contestar una pregunta, o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración; las reglas de la lógica; Que son las reglas de la sana crítica o criterio racional).

La motivación es una operación lógica fundada en la certeza, y el juez debe observar los principios lógicos supremos o  “leyes  supremas  del pensamiento” que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son necesariamente, verdaderos o falsos.

La valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones inferidas de ellas, es potestad soberana del tribunal de mérito. El tribunal de casación  sólo  puede  controlar  si  esas  pruebas  son  válidas  (legitimidad),  si  las  conclusiones obtenidas  responden  a  las  reglas  del  recto  entendimiento  humano  (logicidad),  y  si  la motivación  así  constituida  es  expresa,  clara,  completa  y  emitida  con  arreglo  a  las  normas prescriptas, en una palabra, si la motivación es legal. Fuera de éste límite el ejercicio de la libre convicción del juzgador está excluido del control de la casación.

La Falta de motivación significa  ausencia de motivación. Esa falta o ausencia puede verificarse  totalmente, como carencia  formal de un elemento estructural del fallo. Pero este caso puede ser considerado puramente teórico, porque “no se concibe una sentencia en que la motivación esté totalmente omitida”. Por eso se designa como falta de motivación, en  realidad, a la ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del juez en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una  norma a ese hecho, comprendiendo todas las cuestiones. La legitimidad de la motivación, comprende tanto la validez intrínseca de las  pruebas  valoradas  en  la  sentencia,  como  a  que  ellas  provengan  del  debate.  La  prueba invocada  debe  ser  válida.

Otra exigencia para que la motivación sea legítima es que debe basarse exclusivamente en prueba válidamente  introducida en el  debate y no omitir la consideración de prueba decisiva introducida en él. Esta es una consecuencia del principio de verdad real y del de inmediación que es su derivado, el cual supone la oralidad. El tribunal cognitivo  no  esta  obligado  a  considerar  todas  las  pruebas  introducidas  al  juicio,  porque  no todas las pruebas son contundentes, útiles y tampoco producen certeza en el juzgador, para influir  en  su  pensamiento.

La sentencia debe tener una motivación lógica por lo que esta deberá: ser coherente: constituida por un conjunto de  razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los  principios de identidad, de contradicción y  tercero  excluido. Congruente, en cuanto las afirmaciones, las deducciones y las conclusiones que deben guardar adecuada correlación y concordancia entre ellas. No contradictoria: en el sentido de que no se empleen en él, razonamientos contrastantes entre sí, que al oponerse se anulen. Inequívoca: de modo que los elementos del raciocinio no dejen lugar a duda sobre su alcance y significado, y sobre  las  conclusiones  que  determinan.

MOMENTOS PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD FUNDAMENTADORA

1).- fundamentación fáctica.-  En esta se trata de establecer conforme un criterio concluyente del juzgador, qué hechos estima probados o no;

2).- Fundamentación Jurídica.- Tiene como base la descripción circunstanciada del hecho que el tribunal tuvo por establecido con el anterior proceso  probatorio, se trata de que el juez o tribunal enuncie el núcleo fáctico y después de analizar las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes racionalmente opte por una de ellas diciendo por que considera que los hechos deben ser subsumidos en  tal o cual norma sustantiva, incluyendo la motivación en  el momento de la individualización de la pena que no es más que las razones que justifican la individualización  de  la  sanción  en  tal  o  cual  extremo  punitivo.

3.- Fundamentación Probatoria descriptiva. En esta se expresa resumidamente los elementos de juicio con que se cuentan. Es indispensable la consignación de cada elemento probatorio útil involucrado mediante una referencia explícita a los aspectos más sobresalientes de su contenido se trata de dejar constancia de las ideas principales y pertinentes de lo que dijo el testigo  procurando  no  hacer  una  transcripción  literal  cargada  de  lenguaje  coloquial  o repetitivo,  también  se  trata  de  dejar  constancia de los datos más relevantes de la prueba documental y pericial especialmente de las conclusiones atinentes o relevantes al caso de manera que el lector de la sentencia ajeno al fallo pueda comprender a cabalidad de donde se extrae la información que hace posible determinadas  apreciaciones  y  conclusiones;

4.- fundamentación Probatoria Analítica o intelectiva. En esta etapa el juzgador debe dedicarse a la valoración propiamente dicha de la prueba, no basta con que cada elemento de prueba se valore individualmente sino de extrapolar esa apreciación en el conjunto de la masa probatoria, sin duda  alguna es válida la técnica judicial de exponer genéricamente la prueba de que dispuso en plenario y sirvió para fundamentar los hechos probados, siempre y cuándo se exponga su contenido esencial y se analice de forma individual y conjunta  conforme  la  pautas  del  criterio  racional.

  • Quebrantamiento del Criterio Racional ( Sana crítica)

Para que exista el quebrantamiento del criterio racional, es necesario que la construcción lógica de la motivación, rompa con todas las reglas de la lógica, es decir, que se haya irrespetado el principio de “razón suficiente”. Como dice Don Fernando de la Rúa en su tratado de la Casación Penal: “La motivación es una operación lógica fundada en la certeza y el juez debe observar los principios  lógicos supremos o “leyes supremas del pensamiento” que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuales son, necesariamente, verdaderos o falsos…  Estas leyes están constituidas por leyes fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente”.

La ley de identidad dice que “lo que es, es”, o en forma lógicamente más exacta: “lo que es verdadero, es verdadero”; mejor  aun, “si algo es verdadero entonces es verdadero”. La ley de contradicción dice que “lo que es no puede no ser al mismo  tiempo y en el mismo sentido”, o más rigurosamente: “dos proposiciones contradictorias entre sí no pueden ser ambas verdaderas”; mejor aún, “no es el caso que una proposición sea verdadera y también no lo sea”. La ley de tercero  excluido  nos dice, finalmente, que “entre el ser y el no ser no hay término medio”, o sea: “dos proposiciones contradictorias no  pueden ser ambas falsas”; mejor aun, “una proposición o bien no es verdadera, o bien lo es”.

Que el arto. 15 CPP señala: “La prueba se valorará conforme el criterio racional observando las reglas de la lógica”, es decir, que la  valoración  que  debe  realizar  un  Juez  o  Tribunal  no  es  omnímoda,  libérrima  o sin limitaciones, sino que tiene un límite: respetar las reglas de la lógica, esta garantía mínima que el CPP repite de forma necesaria en su parte pertinente como es el Arto. 153CPP que trata de la fundamentación de la sentencia se manifiesta que “la fundamentación debe ser clara y precisa”, en cuanto a las clases de fundamentación, es decir, la fundamentación: fáctica, jurídica y la probatoria (Teoría del Caso), y ejemplificando necesariamente el CPP manifiesta, que “no existirá  fundamentación  válida  cuando  se  hayan  inobservado las reglas del criterio racional con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo” y expresamente sanciona que “los autos y las sentencias sin fundamentación serán anulables”. Y es que la Certeza dice José Cafferata Nores, en su obra, Las Pruebas Penales, Argentina, Buenos Aires, página, 25, tiene una doble proyección, Certeza Positiva (firme  creencia de que algo existe) y Certeza  Negativa  (firme  creencia  de  que  algo  no  existe)  pero  estas  posiciones  (certeza  positiva  y  certeza negativa ) son absolutas. La carencia de ésta racionalidad que debe derivarse de los elementos fácticos concurrentes y el resultado de su análisis configuran un claro vicio intrínseco del acto jurisdiccional capaz de implicar la falta de motivación.

Se debe de entender que la prueba se valora a luz de la razón cuando se excluye todo prejuicio, emotividad y arbitrio y se sigue un criterio acorde con las reglas de la lógica, en cada eslabón de la cadena de pensamientos que conducen a la decisión del juzgador, a un sistema de esa naturaleza se refiere el CPP cuando utiliza la expresión “criterio racional” en los artículos 15,153, 193,194,331,361.1 y 387.4, CPP entonces se debe de comprender que cuando la ley procesal  penal  dice  “quebrantamiento  del  criterio  racional”  esta haciendo referencia a la errada valoración de los medios de prueba realizada por el juez y la revaloración del Tribunal de Apelaciones, a diferencia de la falta de motivación que es la omisión  de  razones  que  sustentan  la  decisión  jurisdiccional.

5. Ilegitimidad de la decisión por fundarse en prueba inexistente, ilícita o no incorporada legalmente al Juicio o por haber habido suplantación del contenido de la prueba oral, comprobable con su grabación.

Existirá la ilegitimidad de la decisión en la medida que también exista ilegitimidad en la motivación de la decisión, porque la ilegitimidad deviene del fundamento probatorio, cuyo vicio puede consistir en que la prueba basal sea inexistente, ilícita  o  que  no  fue debidamente incorporada al juicio o por haber suplantado el Juez de Juicio el contenido de la prueba oral, comprobable con su grabación.

a) prueba inexistente.

Una prueba es inexistente cuando no existe, y el juez en su fallo evoca un fundamento ficticio; es Ilícita, cuando para obtenerla se han quebrantado las garantías constitucionales del encartado; se considera  ilegalmente  incorporada  al  juicio, aquella prueba que  aunque  intrínsecamente  legal,  no  fue  presentada  en  la  forma  establecida  en  la  norma  adjetiva;  se considera que ha habido suplantación del contenido de la prueba, cuando se afirma que a través de ella se ha comprobado un hecho diferente al contenido en dicha prueba.

Prueba inexistente es aquella que no fue presentada en el intercambio de información ya sea por  parte del Ministerio Público o del acusador particular (arto.  265,  268,  269  CPP),y que el juez la haya usado para  fundamentar las sentencias, la prueba ilícita o no incorporada legalmente al juicio hace referencia a aquel medio probatorio que no ha cumplido con los requisitos legales para su incorporación al juicio debiendo entenderse esta ilicitud por vulneración a las normas procesales o normas constitucionales y cuando se refiere a la suplantación del contenido de  la prueba oral se hace referencia a que dicha prueba ha sido debidamente incorporada y producida en juicio pero que su contenido ha sido alterado lo cual puede  comprobarse con la grabación del juicio.

Es aquella que nunca se practicó durante el juicio y a pesar de esto la sentencia se basa o se funda en éste, por lo que deviene en ilegítima; prueba ilícita, es aquella que se obtuvo violando los principios, derechos  y  garantías  o a pesar de haberse obtenido sin violación a principios, derechos y garantías, no se incorpora legalmente al juicio, es  decir, violando la garantía mínima constitucional y procesal penal de legalidad  procesal penal y el principio constitucional y procesal penal de oralidad, y finalmente la suplantación de  prueba, que es expresar en la sentencia, algún aspecto  esencial de forma distinta, a la prueba practicada en juicio o al anticipo jurisdiccional de prueba  personal,  comprobándose con  la  grabación  del  juicio,  todo  sobre  la  base  del  arto.  387  inciso  5  del  Código  Procesal Penal.

b) prueba ilícita. Es la que se obtiene por un medio ilícito, es decir, con violación de las normas procesales y las garantías Constitucionales.

c) prueba ilegalmente incorporada. Es  aquella que se obtiene en forma lícita pero ella, es incorporada al proceso en forma ilegal en abierta violación a las disposiciones procesales establecidas en el Código Procesal Penal

Pero una misma prueba no puede ser inexistente e ilícita a la vez, pues para la primera es necesario que la argumentación sea abstracta y por ende no exista la prueba que sirva de fundamento a ese criterio, distinto es cuando la prueba es ilícita, pues esta existe pero no puede surtir efectos en juicio pues para obtenerla se quebrantaron derechos y garantías  constitucionales a favor del encartado.

6. El haber dictado sentencia un juez, o concurrido a emitir el veredicto un miembro del jurado en su caso, cuya recusación, hecha en tiempo y forma y fundada en causa legal, haya sido injustificadamente rechazada.

Esta causal requiere que previamente durante el proceso se haya promovido un incidente de recusación en contra del juez o miembro del Jurado, el cual fue rechazado injustificadamente; así como la demostración de unos de los motivos señalados en el arto. 32 C.P.P., en cuanto a las personas señaladas. (Ver arto. 38 CPP).

MOTIVOS DE FONDO

1. Violación en la sentencia de las garantías establecidas en la Constitución Política o en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República,

 

Para que prospere la cesura casacional basada en presuntas violaciones a normas de la Constitución o de Tratados y Convenios internacionales, el agravio o irrespeto contra tales normas debe ser directo, es decir, no debe consistir en un atropello indirecto a las mismas, o cometido por la violación de otro tipo de normas.- (Sent. N° 20 del 18/03/05).-

2. Inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva o de otra norma jurídica que deba ser observada en la aplicación de la ley penal en la sentencia.

 

Fernando de la Rúa comenta en su obra “La Casación Penal”, que tanto la inobservancia y errónea  aplicación,  que  si  bien  en  apariencia  contemplan  diversos  casos,  ambas  quedan comprendidos  en  el  concepto  de  violación  de  la  ley  sustantiva  y  que  en  la  primera  el interesado aduce que se debió aplicar una disposición que no se aplicó, incurriendo en una omisión  y  en  el  segundo  caso,  se  incurre  en  error  la  aplicación  de  la  disposición  legal, existiendo  una  inadecuación  o  falta  de  correspondencia  de  la  norma  aplicada  al  caso concreto (Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, páginas 36 al 38). Asimismo, señala el autor antes relacionado, que el concepto de la ley sustantiva comprende no sólo las normas incriminadoras,  sino  también  las  que  establecen  circunstancias  agravantes,  calificanes, atenuantes, o relativas a la pena o efectos penales, es decir a todas las cuestiones relativas a la  configuración  jurídica  de  los  hechos  de  la  causa,  comprendido  en  los  conceptos  de calificación,  definición  o  subsanación  legal  (La  Casación  Penal,  Ediciones  Depalma, Buenos Aires, 1994, Página 46).

 

Expresa Fernando de la Rúa: “Toda norma jurídica por el sólo hecho de serlo, necesita que se explique su significado, precisando el sentido de su mandato tanto para juzgar como para actuar tanto para  examinar como se ha juzgado, como para examinar como se ha actuado. Se interpreta la ley sustantiva para aplicarla y decidir conforme al imperativo que se deduce de su texto, la controversia   que constituye el objeto del proceso; se interpreta también la ley procesal para cumplirla y se le aplica cumpliéndola conforme al imperativo que contiene y para comprobar en virtud de ello si los otros obligados a cumplirla se han ajustado a su mandato en el desenvolvimiento de su actividad. (Fernando de la Rua La Casación Penal Ediciones de Palma Buenos Aires 1994. Pág. 33). De manera que la exigencia casacional de citar tanto normas violadas como normas aplicables al caso concreto permite en ambas situaciones revisar tanto la aplicación de la ley sustantiva como la procesal para poder así determinar los errores cometidos en la memorial procesal de primera y de segunda instancia.

Lo que cuenta para decir el tipo de error cometido es la naturaleza de la norma violada, y no su origen. Es decir: Si la norma tiene  por  fin  establecer y resguardar derechos subjetivos o señalar el ámbito represivo de restricción de la libertad personal (derecho penal), su naturaleza es sustantiva.

Se entiende por indebida aplicación, cuando el juez al aplicar la norma, lo hace con falta de equidad; mientras que la errónea interpretación, es cuando el juez, aún conociendo la existencia y la validez de una norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella, consecuencias que no concuerdan en su contenido.

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